El ex dueño de autotransporte San Juan - Mar del Plata recusó al juez y estira el inicio del juicio en su contra por una evasión de $207 millones

Fue una maniobra de su abogado para postergar el debate.

Cuando estaba por empezar el juicio por evasión agravada contra Manuel Ponte, exdueño de Autotransporte San Juan Mar del Plata, su abogado hizo una jugada de último momento: recusó al juez federal Daniel Doffo porque entendió que prejuzgó al no resolver un planteo que había realizado. En cambio, el magistrado sostuvo en la audiencia que difería esa decisión al momento de la sentencia, por lo que rechazó apartarse del caso. Una maniobra defensiva que sirvió para estirar el comienzo del debate contra el empresario sanjuanino a quien la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) le reclama 207 millones de pesos.

Ponte enfrenta la acusación de evasión agravada, dado que omitió declarar ante el fisco los montos en las cuentas bancarias que tiene en España. Así, ocultó el llamado hecho imponible (ingresos, rentas) del Impuesto a las Ganancias. Según la acusación, durante la fiscalización de la ex AFIP, el empresario no solo no aportó ninguna documentación sino que negó la existencia de las cuentas, las que fueron confirmadas por organismos recaudadores internacionales.

La otra maniobra que se le endilga a Ponte es el ocultamiento de los ingresos generados con la venta de la empresa Autotransporte San Juan Mar del Plata en 2014. La operación está alcanzada por el Impuesto a las Ganancias y no fue declarada en la presentación del período fiscal de ese año, ni en 2015 ni en 2016.

El empresario trató de zafar del juicio al entrar en un plan de pago de nueve cuotas para que se extinguiera la acción penal, pero Fiscalía y querella se opusieron porque, en líneas generales, ya carga con un castigo previo que impide ese tipo de beneficio.

La condena fue de 2 años y 6 meses de cárcel en suspenso, de diciembre de 2023, por 21 hechos de retención indebida de aportes del 2007 a 2011, otros 21 hechos por evasión impositiva de I.V.A. de 2010 a 2014 y siete hechos de evasión al Impuesto a las Ganancias de 2010 y 2012. En su nueva acusación, de acuerdo al Régimen Penal Tributario, la evasión agravada tiene penas que van de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión.