Fiscalía de Estado se prepara para intervenir en la causa por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum

Sebastián Dávila confirmó que, si el Ministerio Público acredita sospechas de delitos contra la administración pública, el organismo se constituirá como querellante para defender el patrimonio provincial en una investigación que podría ser histórica para San Juan.

El Fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, confirmó este miércoles que su organismo está preparado para constituirse como querellante en la causa iniciada por la denuncia penal presentada por el abogado Marcelo Arancibia, basada en investigaciones periodísticas, que exponen presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum y señalan posibles delitos vinculados a la empresa Krah América Latina SA, relacionada con un familiar directo del ex gobernador Sergio Uñac.
La postura del Fiscal de Estado surge en un contexto de fuerte repercusión pública, luego de que las publicaciones periodísticas revelaran la existencia de advertencias técnicas desoídas, sospechas de sobreprecios millonarios y vínculos societarios de alto nivel entre funcionarios provinciales y la empresa proveedora de las tuberías.

"Si se corrobora, debemos intervenir"

Dávila fue claro respecto del rol que tomará la Fiscalía de Estado si la Justicia determina que existen elementos suficientes para avanzar:
"Si se verifican y corroboran las revelaciones hechas, aunque no esté totalmente demostrado, ante la sospecha de posibles delitos que afecten el patrimonio estatal, deberemos constituirnos como querellantes", afirmó.
El funcionario precisó que la participación del organismo no requiere una prueba plena, sino la existencia de sospechas razonables que ameriten proteger los intereses del Estado. En este sentido, señaló que la Fiscalía de Estado aportará "medios de prueba, pedidos de informes y distintas medidas que puedan creerse oportunas", siempre como un complemento a la labor del Ministerio Público Fiscal, encargado de dirigir la investigación.
Un rol excepcional para la Fiscalía de Estado
Dávila remarcó que la actuación de su organismo no será automática, ya que la Fiscalía de Estado no tiene facultades investigativas propias:
"Nuestra participación no es espontánea. Debemos esperar a que el Ministerio Público Fiscal dé curso a la investigación".
No obstante, anticipó que la complejidad de los hechos denunciados hará que el análisis preliminar demande tiempo:
"No es una denuncia de sencilla resolución; va a llevar un cierto tiempo para su estudio y merituación".
De avanzar, esta sería una intervención sin precedentes:
"No recuerdo una investigación penal por temas de corrupción en la que la Fiscalía de Estado haya actuado como querellante en San Juan", apuntó.

"Otros ojos" sobre un caso que puede marcar un antes y un después
Para Dávila, la participación de la Fiscalía de Estado no reemplaza al Ministerio Público, sino que lo complementa:
"Aporta otros ojos, otra mirada, desde la perspectiva del afectado directo: el Estado provincial".
El objetivo, sostuvo, es contribuir a que la verdad salga a la luz y se determine si la provincia fue perjudicada por maniobras ilícitas en una de las obras de infraestructura más costosas y estratégicas de los últimos años.
Mientras la denuncia avanza en sede judicial, el pronunciamiento del Fiscal de Estado representa un hito institucional que podría abrir un capítulo inédito en la historia de la defensa del patrimonio público en San Juan.