El gobierno extendió hasta 2027 la intervención de los medios de comunicación públicos
La prórroga fue oficializada por decreto y mantiene a Carlos María Curci González al frente del proceso de reorganización de los medios públicos nacionales.
El Gobierno nacional decidió extender por un año la intervención de los medios de comunicación públicos, que incluyen a Radio y Televisión Argentina S.A.U. (RTA) y Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U., fijando como nuevo plazo el 1 de febrero de 2027. La decisión fue oficializada a través del Decreto 79/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Según los considerandos de la norma, la prórroga responde a la necesidad de completar los procesos de reorganización institucional en curso, fortalecer las capacidades operativas de las empresas y otorgar previsibilidad a los mecanismos de gestión. En ese marco, el Poder Ejecutivo sostuvo que las tareas de relevamiento, análisis y revisión de los procedimientos internos aún se encuentran en ejecución.
El decreto también ratifica a Carlos María Curci González como interventor, cargo que ocupa desde agosto de 2025. El funcionario continuará al frente de la revisión integral de los procedimientos administrativos y operativos, además de conducir la transformación de las señales estatales en sociedades anónimas.
La intervención de los medios públicos se inició en febrero de 2024 mediante el Decreto 117, que establecía un plazo inicial de un año con posibilidad de una única prórroga. En 2025, una decisión administrativa extendió ese período y, con la medida actual, el Gobierno agotó el plazo máximo previsto para la intervención. Desde el oficialismo indicaron que la continuidad del proceso busca garantizar la coherencia técnica de los mecanismos de control y fiscalización, en línea con los objetivos de política pública definidos por la actual gestión.
La medida alcanza a la Televisión Pública, así como a las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV, además de las plataformas digitales que dependen de la ex Contenidos Públicos Sociedad del Estado. El marco legal de la decisión se apoya en el artículo 48 del Decreto 70/23, que dispuso la transformación de sociedades estatales en sociedades anónimas bajo la Ley General de Sociedades, manteniendo la supervisión directa del Estado.
El texto fue firmado por el presidente Javier Milei y refrendado por el vocero presidencial Manuel Adorni, y cuenta con el aval del asesoramiento jurídico del Estado, que destacó la complejidad del proceso y la necesidad de consolidar la nueva estructura orgánica de los medios públicos.