Ocaña exige la intervención estatal por el "vaciamiento" de la obra social de Moyano

La legisladora porteña presentó una nota formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

La legisladora porteña Graciela Ocaña solicitó formalmente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), conducida por Claudio Adrián Stivelman, la intervención inmediata de la Obra Social de Choferes de Camión (Oschoca).

En una carta dirigida a las autoridades, Ocaña denuncia una "incorrecta y mala administración" de los recursos, señalando un contraste ético y financiero alarmante: una obra social al borde de la quiebra frente a una dirigencia con un patrimonio en constante expansión.

Según la documentación presentada por la ex diputada nacional, la situación contable de Oschoca es crítica. Las cifras que maneja la Federación Nacional de Camioneros revelan un panorama desolador. La deuda en el interior, en las 23 seccionales de las provincias, tiene un déficit que alcanza los $32.400 millones (a febrero de este año).

Al sumar el área de Buenos Aires, que concentra al 50% de los 190.000 afiliados, el "rojo" financiero escalaría hasta los $60.000 millones. En relación a su Patrimonio Neto, entre 2017 y 2022, la entidad presentó un patrimonio neto negativo de -$7.284.162 y resultados operativos.

“La realidad es numérica: Oschoca debería ser un modelo de prestaciones, sin embargo, vemos una obra social pobre y una familia Moyano rica”, sentenció Ocaña en su presentación.

El eje de la denuncia apunta a la empresa Iarai, administradora de la obra social y propiedad de Liliana Esther Zulet, esposa de Hugo Moyano. Ocaña sostiene que Oschoca funciona como una "caja chica" donde los fondos de los trabajadores terminan en fideicomisos y sociedades vinculadas a Zulet y sus hijos.

Para la legisladora, esta estructura de "auto-contratación" configura una administración fraudulenta que afecta directamente la calidad médica de los afiliados. Ocaña reforzó su argumento recordando que las obras sociales administran fondos públicos, por lo que el Estado no puede ser un espectador pasivo.

Ocaña, quien persigue judicialmente a Moyano desde hace dos décadas, fue contundente al exigir que el presidente Javier Milei tome cartas en el asunto a través del Ministerio de Salud y que audite los fondos. Todo para garantizar que los aportes mensuales se traduzcan en servicios de salud y no “en beneficios empresariales” para el entorno familiar del gremialista, tal como asevera la diputada porteña.